- El Tribunal de Cuentas, con la Comisión de Hacienda
Hoy a las 9.00, la Comisión de Hacienda y Finanzas de la Cámara de Diputados recibirá a los miembros del Tribunal del Cuentas.
El encuentro tiene como fin que el presidente del órgano de contralor, Mardonio Díaz Martínez, y sus vocales expliquen respecto a observaciones que realizaron a la ejecución presupuestaria del FCyS durante los años 2008, 2009 y 2010. Los legisladores quieren saber en qué situación quedaron esas observaciones.
- El FCyS acusa al Gobierno de “discriminar
La situación financiera de los municipios de la provincia generó un fuerte debate entre los bloques del Frente Cívico y Social y del Frente para la Victoria-Partido Justicialista en la sesión de ayer de la Cámara baja.
El tema lo trajo el diputado frentista Pablo Sánchez, quien al presentar un pedido de informe, recordó que por la Ley de Financiamiento Educativo hasta el momento se le descontó a la provincia alrededor de 98 millones de pesos, en concepto de coparticipación nacional.
Sánchez indicó que la provincia trasladó este descuento a lo que reparte entre las comunas, que recibieron hasta el momento unos 25 millones de pesos menos.
El diputado opositor indicó que a la provincia “esas partidas les llega de todas formas”, bajo el rótulo de asignación específica en materia educativa, y que a su vez, mediante decreto, el Poder Ejecutivo destinó 9 millones de pesos para ayudar a las comunas “en virtud de los desequilibrios financieros a raíz de lo descontado por la Nación”.
No obstante, aseveró que ese monto solo cubre el 37 por ciento de lo que le descuenta la provincia a los municipios. Y su crítica continuó al cuestionar además que esos 9 millones “no se reparten bajo un razonamiento lógico”. Sánchez afirmó que estos fondos se repartieron “a discrecionalidad” y beneficiando especialmente a las comunas del oficialismo. Así, por ejemplo, señaló que las comunas de Fiambalá, Andalgalá, La Puerta de San José (hoy conducidos por intendentes opositores), fueron las perjudicadas por el reparto. En contraposición, mencionó que comunas como Pomán y Tinogasta (conducidas por el FPV) fueron las beneficiadas con el envío de fondos.
El que salió al cruce de estas afirmaciones fue el diputado oficialista Hugo Argerich, quien aclaró que aparte de esos 9 millones que el Gobierno repartió, “se han realizado otras asignaciones a los municipios, que el diputado no contó”.
Asimismo, señaló que todas las asignaciones fueron realizadas en “mutuo acuerdo entre el ministerio de Hacienda y cada uno de los municipios que fueron a plantear sus problemas”. En esa línea, el diputado afirmó que “no se puede hablar de discriminación”, y que si se apoyó a unas comunas más que a otras, se debe a que “son los municipios que el FCyS ha dejado quebrados, tal es el caso de Valle Viejo y Tinogasta, en la última época de gestión”.
Por otra parte, recordó que en el Gobierno del FCyS, los municipios peronistas “no recibían ni la hora”, y afirmó que ahora esa situación ha cambiado, porque la provincia “atiende a todas las comunas por igual”.
Por último, tildó a la gestión del FCyS como “nefasta”, porque -entre otras cosas- no se contestaban los pedidos de informes que realizaban los diputados.
Quien se sumó a la embestida oficialista fue el diputado Raúl Chico, al indicar que la provincia no está obligada a ayudar a las comunas, “pero en un acto de buena voluntad lo hace”. Asimismo, remarcó que la ayuda provincial es en torno a la documentación que presentaron los intendentes.
Por su parte, Marita Colombo (FCyS) también se sumó al debate al pedir que este reparto por parte de la provincia “no signifique un retroceso institucional a las leyes de coparticipación, de regalías mineras, entre otras”. Asimismo, destacó que estos “avances institucionales” se lograron en la gestión del FCyS.
Sánchez indicó que la provincia trasladó este descuento a lo que reparte entre las comunas, que recibieron hasta el momento unos 25 millones de pesos menos.
El diputado opositor indicó que a la provincia “esas partidas les llega de todas formas”, bajo el rótulo de asignación específica en materia educativa, y que a su vez, mediante decreto, el Poder Ejecutivo destinó 9 millones de pesos para ayudar a las comunas “en virtud de los desequilibrios financieros a raíz de lo descontado por la Nación”.
No obstante, aseveró que ese monto solo cubre el 37 por ciento de lo que le descuenta la provincia a los municipios. Y su crítica continuó al cuestionar además que esos 9 millones “no se reparten bajo un razonamiento lógico”. Sánchez afirmó que estos fondos se repartieron “a discrecionalidad” y beneficiando especialmente a las comunas del oficialismo. Así, por ejemplo, señaló que las comunas de Fiambalá, Andalgalá, La Puerta de San José (hoy conducidos por intendentes opositores), fueron las perjudicadas por el reparto. En contraposición, mencionó que comunas como Pomán y Tinogasta (conducidas por el FPV) fueron las beneficiadas con el envío de fondos.
El que salió al cruce de estas afirmaciones fue el diputado oficialista Hugo Argerich, quien aclaró que aparte de esos 9 millones que el Gobierno repartió, “se han realizado otras asignaciones a los municipios, que el diputado no contó”.
Asimismo, señaló que todas las asignaciones fueron realizadas en “mutuo acuerdo entre el ministerio de Hacienda y cada uno de los municipios que fueron a plantear sus problemas”. En esa línea, el diputado afirmó que “no se puede hablar de discriminación”, y que si se apoyó a unas comunas más que a otras, se debe a que “son los municipios que el FCyS ha dejado quebrados, tal es el caso de Valle Viejo y Tinogasta, en la última época de gestión”.
Por otra parte, recordó que en el Gobierno del FCyS, los municipios peronistas “no recibían ni la hora”, y afirmó que ahora esa situación ha cambiado, porque la provincia “atiende a todas las comunas por igual”.
Por último, tildó a la gestión del FCyS como “nefasta”, porque -entre otras cosas- no se contestaban los pedidos de informes que realizaban los diputados.
Quien se sumó a la embestida oficialista fue el diputado Raúl Chico, al indicar que la provincia no está obligada a ayudar a las comunas, “pero en un acto de buena voluntad lo hace”. Asimismo, remarcó que la ayuda provincial es en torno a la documentación que presentaron los intendentes.
Por su parte, Marita Colombo (FCyS) también se sumó al debate al pedir que este reparto por parte de la provincia “no signifique un retroceso institucional a las leyes de coparticipación, de regalías mineras, entre otras”. Asimismo, destacó que estos “avances institucionales” se lograron en la gestión del FCyS.
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