La Comisión de la Verdad recién creada en Brasil, que este lunes realizará su primera reunión ordinaria, busca intercambiar información con los comités estaduales (provinciales) de derecho a la memoria y la verdad sobre casos de violación de derechos humanos ocurridos entre 1946 y 1988.
Lo anunció el abogado pernambucano José Cavalcante Filho, miembro de la Comisión designada el miércoles pasado por la presidenta Dilma Rousseff, y advirtió que será imposible conseguir esclarecer todos los casos sin ayuda, reportó la agencia noticiosa estatal ABR.
Actualmente, 25 estados (provincias) tienen comités de derecho a la memoria y la verdad, pero no todos son estatales sino que varios funcionan a iniciativa de organizaciones de la sociedad civil.
El coordinador general del Proyecto de Derecho a la Memoria y a la Verdad de la Secretaría de Derechos Humanos, Gilney Viana, afirmó que la finalidad de los comités es buscar documentos, analizar testimonios y explicar a la sociedad el papel de la Comisión de la Verdad.
Viana agregó que el Proyecto está entrando en una nueva fase con la incorporación de organizaciones sindicales.
La Central Unica de los Trabajadores (CUT), la Central Sindical y Popular (Conlutas) y la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Agricultura (Contag) se manifestaron interesadas en crear comisiones para rescatar la verdad de lo que ocurrió con los trabajadores durante la última dictadura (1964-85).
“Mi intención es movilizar a esas entidades” porque “tienen dinero, tienen equipamiento y están interesadas en esclarecer los hechos”, señaló Viana.
Otro instrumento que colaborará con la investigación de los hechos es la Red de Observatorios de Derecho a Verdad, Memoria y Justicia de las Universidades Brasileñas, creado el año pasado por la Secretaría de Derechos Humanos, asociada al Archivo Nacional y compuesta por universidades públicas y privadas de todo el país.
La Comisión de la Verdad fue instalada por Rousseff el miércoles pasado. Además de Cavalcante, la integran José Carlos Dias, ex ministro de Justicia; Gilson Dipp, ministro del Superior Tribunal de Justicia; Cláudio Fonteles, ex procurador general de la República; la abogada Rosa Maria Cardoso da Cunha; el diplomático Paulo Sérgio Pinheiro, y la psicoanalista Maria Rita Kehl.
El grupo tendrá dos años para escuchar testimonios en todo el país, así como requerir y analizar documentos, con el objeto de esclarecer los casos de violación de derechos humanos en el período 1946-88, pero no de sancionar a los responsables, que están amparados por la Ley de Amnistía vigente.
Actualmente, 25 estados (provincias) tienen comités de derecho a la memoria y la verdad, pero no todos son estatales sino que varios funcionan a iniciativa de organizaciones de la sociedad civil.
El coordinador general del Proyecto de Derecho a la Memoria y a la Verdad de la Secretaría de Derechos Humanos, Gilney Viana, afirmó que la finalidad de los comités es buscar documentos, analizar testimonios y explicar a la sociedad el papel de la Comisión de la Verdad.
Viana agregó que el Proyecto está entrando en una nueva fase con la incorporación de organizaciones sindicales.
La Central Unica de los Trabajadores (CUT), la Central Sindical y Popular (Conlutas) y la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Agricultura (Contag) se manifestaron interesadas en crear comisiones para rescatar la verdad de lo que ocurrió con los trabajadores durante la última dictadura (1964-85).
“Mi intención es movilizar a esas entidades” porque “tienen dinero, tienen equipamiento y están interesadas en esclarecer los hechos”, señaló Viana.
Otro instrumento que colaborará con la investigación de los hechos es la Red de Observatorios de Derecho a Verdad, Memoria y Justicia de las Universidades Brasileñas, creado el año pasado por la Secretaría de Derechos Humanos, asociada al Archivo Nacional y compuesta por universidades públicas y privadas de todo el país.
La Comisión de la Verdad fue instalada por Rousseff el miércoles pasado. Además de Cavalcante, la integran José Carlos Dias, ex ministro de Justicia; Gilson Dipp, ministro del Superior Tribunal de Justicia; Cláudio Fonteles, ex procurador general de la República; la abogada Rosa Maria Cardoso da Cunha; el diplomático Paulo Sérgio Pinheiro, y la psicoanalista Maria Rita Kehl.
El grupo tendrá dos años para escuchar testimonios en todo el país, así como requerir y analizar documentos, con el objeto de esclarecer los casos de violación de derechos humanos en el período 1946-88, pero no de sancionar a los responsables, que están amparados por la Ley de Amnistía vigente.
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