El presidente de la Cámara, Julián Domínguez, consideró que la recuperación del control estatal de la empresa "va a marcar una época". El tema se debate desde esta mañana en un plenario de comisiones, tras ser aprobado en el Senado
En sintonía con la asegurado por el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, el presidente de la Cámara de Diputados ratificó en declaraciones a la prensa que la intención del oficialismo de "empezar a debatir en el recinto la iniciativa el miércoles" y de sancionarla "en el transcurso de una o dos jornadas".
Por otro lado, Domínguez planteó que, con este cambio en la conducción de la empresa petrolera, se logrará poner a YPF "al servicio del proyecto de autoabastecimiento, con competitividad en el marcado internacional".
Si bien sostuvo que no podía anticipar el resultado que tendrá el tratamiento de esta iniciativa en la Cámara, ratificó que la voluntad del oficialismo es contribuir a "un proceso de búsqueda de razones comunes entre los bloques".
La iniciativa oficial, que consiguió el respaldo de 63 senadores, dio su primer paso en la Cámara de Diputados, donde comenzó a ser considerada cerca de las 10:30 por los legisladores de las comisiones de Energía y Combustibles; Asuntos Constitucionales; y Presupuesto y Hacienda.
El debate en el plenario de comisiones, que se desarrollaba en el segundo piso del Anexo de Diputados, arrancó con la exposición de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, quien defendió el proyecto y señaló como un "hito central" de la norma su apuesta a la "soberanía hidrocarburífera".
En su exposición, Conti detalló los puntos salientes de la iniciativa y declaró que su base normativa "se apoya en el artículo 17 de la Constitución Nacional, en el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Ley 21.499 (Régimen de Expropiaciones)".
Luego, el diputado del PRO Pablo Tonelli consideró "innecesario" e "ilegal" al proyecto del oficialismo, argumentó que "no está en discusión nada que tenga que ver con la soberanía" y planteó que el Ejecutivo debería haber "revocado las concesiones y, luego, adjudicar (esas acciones) a otras empresas que sí garantizaran una explotación productiva y regular".
Esta madrugada, cerca de la 1:30, el Senado de la Nación, luego de más de 14 horas de debate, aprobó el proyecto que ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF.
La iniciativa cosechó en el recinto el respaldo de 63 senadores, mientras que cuatro legisladores se abstuvieron, tres votaron en contra y dos estuvieron ausentes.
Los senadores que optaron por abstenerse fueron los radicales Oscar Castillo y Blanca Monllau; la cordobesa Norma Morandini, del FAP; y María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica.
En tanto, los legisladores que rechazaron la norma fueron el justicialista salteño Juan Carlos Romero y los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso; y los ausentes, el riojano Carlos Menem y el sanjuanino Roberto Basualdo, de Compromiso Federal.
La iniciativa oficial contó con el respaldo del oficialismo, de Nuevo Encuentro, del radicalismo y del Frente Amplio Progresista (a excepción de Morandini), que anticiparon en el recinto su apoyo en general al texto del Poder Ejecutivo.
A través del texto del Poder Ejecutivo, se impulsa además la expropiación de la firma YPF Gas, también controlada por la española Repsol.
El proyecto declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A., a YPF Gas, sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta".
Como miembro informante, el senador nacional por el FPV de Neuquén, Marcelo Fuentes, sostuvo que el oficialismo es "consciente de que la sola expropiación no soluciona el problema" sino que "es el inicio de la solución, para dar soberanía energética al Estado argentino".
Desde el radicalismo, el senador Gerardo Morales, admitió que el proyecto cuenta "con el consenso de la mayoría de la población" y "de la mayoría de la oposición" y adelantó que la UCR votaría en general a favor del proyecto, a la vez que se quejó de "algunas operaciones" de "un sector minoritario" de su partido.
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