Politica: Comunicado de Cancillería: "¿Quién protege a Riovía?"

A menos de 24 horas de la apertura de ofertas para las obras de mantenimiento del Canal Martín García, Argentina no ha logrado la colaboración de Uruguay para dilucidar responsabilidades en los supuestos actos impropios denunciados por su Tribunal de Cuentas. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, lo grave es que esas denuncias se han basado en documentación secreta, a la que Argentina no ha logrado acceder.

Vale recordar que en diciembre de 2010 fue el propio Uruguay quien solicitó analizar la contratación directa de la empresa Riovía para el dragado y profundización del Canal Martín García. Postura que reiteró en la reunión de marzo de 2011, cuya delegación presidía el Canciller Luis Almagro, y en la cual el Canciller Héctor Timerman advirtió que por precisas instrucciones de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se debía llamar a licitación internacional.

A posteriori, en febrero, de 2012 la delegación argentina propuso que todo se concentrara en el llamado a licitación para ir directamente a la profundización del canal. Sorpresivamente, el día 16 de marzo la delegación uruguaya suspendió las reuniones de marzo y abril, y recién se presentó el 3 de mayo, donde se le hizo entrega de una versión muy avanzada de los pliegos del llamando a licitación que podrían anunciarse el día 30 de mayo.

Inmediatamente, comenzó una campaña mediática en el Uruguay centrada en el embajador Bustillo y el supuesto intento de sobornarlo. Los días pasaron, el escándalo creció, y el silencio de Bustillo resultó más que llamativo. Para colmo, unos días después otro embajador uruguayo, Julio Baraibar, declaró por radio “Bustillo me contó con detalle que lo habían querido sobornar, que se había negado a aceptar la oferta y que había informado a sus superiores”. Si bien días después desmientió la veracidad de sus propias afirmaciones, los medios siguieron dándole crédito y hasta hablaron de su “sacrificio” de desmentirse frente a la necesidad de seguir adelante con las obras del Canal Martín García.

Estas versiones son recogidas por el informe del Tribunal de Cuentas del Uruguay, volviendo a instalarlas en los medios de prensa pero negándose (el gobierno uruguayo) a cooperar con la Argentina en las “dudas” que plantea el Tribunal y que sugiere se eleven a la Justicia.

Otro dato interesante es la opinión del Embajador Bustillo sobre la empresa que supuestamente intentó sobornarlo, a la que oficialmente describe como que “hay satisfacción absoluta con la empresa desde el punto de vista técnico en cuanto al servicio de mantenimiento”. Mientras que el otro representante uruguayo declaró que “no existieron objeciones al desempeño técnico de la empresa”.

Si el gobierno uruguayo desea, realmente, investigar los actos que involucran al embajador Bustillo y la empresa Riovía, podría empezar a preguntarse por qué a pocos días de finalizar los pliegos para el llamado a la primera licitación internacional para la profundización del Canal, aparecen centenares de artículos sobre un supuesto intento de coima que de haber ocurrido lo fue dos años antes y al cual ni el embajador Bustillo ni el canciller Almagro jamás se refirieron ni enviaron a la justicia, ni consideraron importante comunicarlo a las autoridades argentinas. Faltan menos de 24 horas para la apertura de la licitación. Si se presenta la empresa Riovía la Argentina mantendrá su objeción, con lo cual el Gobierno Nacional solicitó al Uruguay que adopte la misma posición.