Internacionales: Cerco de los mercados a España pese al rescate y ajuste histórico

Los mercados redoblaron su presión sobre la deuda de España haciendo escalar el riesgo país hasta un nuevo récord histórico de 610 puntos, a pesar de la aprobación formal del rescate por parte del Euro grupo y a que el gobierno de Mariano Rajoy sacó adelante un drástico ajuste que le deja poco margen de acción ante el rechazo masivo en las calles.

Relacionadas España arrastró a los mercados en un viernes con clima negativo Rajoy oculta a los españoles el contenido del rescate pero otros lo difunden El histórico "tijeretazo" aprobado por el Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP), contestado ayer por cientos de miles de personas en las calles de todo el país, no consiguió calmar a los inversores y las dificultades de financiación de España se acentuaron, lo que elevó también el riesgo de contagio a otros países periféricos de la zona euro.

Por primera vez desde la introducción del euro, el riesgo país -diferencial entre el bono español a diez años y el alemán (de referencia) al mismo plazo- superó los 600 puntos (cerró en 610), con una rentabilidad superior al 7,2%.

La bolsa de Madrid también reaccionó con pesimismo ante el actual escenario que atraviesa España y el Ibex 35, principal indicador, cayó un 5,8%, el mayor hundimiento desde mayo de 2010, cuando el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció el primer gran "hachazo" en tiempos de crisis. Con la rentabilidad del bono a diez años por encima del 7%, España vuelve a situarse en zona de rescate total, al superar la barrera a partir de la cual el costo de endeudamiento es insostenible, como ocurrió antes de la intervención de Grecia, Irlanda y Portugal. El diferencial se disparó tras conocerse que la Comunidad Valenciana, en manos del PP, será la primera de las autonomías -gobiernos regionales- en pedir un rescate financiero al Estado central, a través del mecanismo aprobado por el Congreso de Diputados español, que establece medidas "draconianas" de ajuste a cambio de las ayudas.

España se comprometió a reducir este año el déficit del 8,9% hasta el 6,3% del PBI (Producto Bruto Interno), y en 2013 a rebajarlo hasta el 4,5%, por lo que contará con un año más para ajustar sus cuentas hasta situar el déficit debajo del 3% que impone el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea (UE). Pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró hoy, en la conferencia de prensa posterior al habitual Consejo de Ministros de los viernes, que España no saldrá de la recesión hasta los años 2014 y 2015, y que este año continuará subiendo el desempleo, hasta el 24,6%.

El Ejecutivo de Rajoy suavizó la caída del PBI para este año, del 1,7 al 1,5%, pero reconoció que en 2013 no habrá un crecimiento positivo del 0,2% sino una contracción del 0,5%, tal como había adelantando, sin poner cifras, el presidente del gobierno al anunciar el mayor ajuste de la historia democrática. Con este escenario adverso, los mercados desconfían de que el rescate de 100.000 millones de euros para la banca española sea capaz de funcionar como "cortafuegos" y evite una intervención total que -según el ministro de Finanzas alemán Wolfgang Schäuble- tendría un costo de unos 300.000 millones de euros.

La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, se negó a responder hoy si España solicitará un rescate total y calificó de "incomprensible" la actual presión de los mercados, ya que el Ejecutivo español "está cumpliendo" tomando medidas e implementando reformas para bajar el déficit público. Tras recibir el visto bueno de los parlamentos de Alemania y de Finlandia, últimos escollos para sacar adelante el rescate, los ministros de finanzas de la zona euro celebraron una videoconferencia en la que aprobaron, por unanimidad, las ayudas y las condiciones que figuran en el memorando de entendimiento que deberá cumplir el gobierno español.

Estas condiciones, que el gobierno de Rajoy ocultó a la ciudadanía, pero que difundieron los gobiernos de Alemania, Holanda y Finlandia en busca de garantías por parte de España, implican duras medidas macroeconómicas, según se desprende de la declaración del Euro grupo publicada por la prensa española. El memorando recoge "recomendaciones políticas" como la suba del IVA, la supresión de la desgravación por vivienda y la aplicación de la reforma laboral, todas medidas ya aprobadas y algunas puestas en marcha por el Ejecutivo español.

"Los progresos en estas áreas se revisarán de cerca y de forma regular en paralelo con las condiciones para el sector financiero", advirtieron los ministros de la eurozona.

El primer tramo de las ayudas, 30.000 millones de euros, estará disponible a fines de julio y podrá usarse "en caso de necesidades financieras urgentes e inesperadas", por lo que el gobierno podrá emplearlas inmediatamente para recapitalizar entidades como Bankia o Novagalicia Banco, que ya hicieron públicas sus necesidades. Además, las ayudas europeas podrán transformarse en una operación más amplia y el gobierno, si así lo solicita, podría utilizar parte del dinero para la compra de deuda.

España sigue siendo la gran preocupación de la Unión Europea, que busca una salida de la crisis de deuda exigiendo a los países en problemas la aplicación de recetas neoliberales que no hicieron otra cosa que ahogar aún más sus economías y elevar el número de desocupados, que en España es de 5 millones, el 24,44% de la población activa.

Rajoy, alumno obediente de Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el miércoles pasado un ajuste de 65.000 millones de euros, que incluye medidas como una importante suba del IVA del 18 al 21%, la supresión de una paga extra de Navidad de los empleados públicos y un recorte a los subsidios de desempleo.

El drástico recorte, considerado el mayor "tijeretazo" al Estado de bienestar en la historia democrática del país, fue respaldado ayer por el Congreso, gracias a la mayoría absoluta del PP y rechazado masivamente en las calles de todo el país, con Madrid y Barcelona a la cabeza. En la capital, la multitudinaria manifestación culminó con choques con la policía durante la madrugada que dejaron 15 detenidos.

Las protestas, lideradas por los empleados públicos españoles, y que comenzaron ya hace más de una semana, continuaron hoy de forma espontánea ante la sede del PP en la calle Génova de Madrid y con cortes en la Gran Vía, el centro de la capital española, donde cientos de personas se concentraron para rechazar el ajuste y exigir la renuncia de Rajoy. También hubo una concentración, convocada por el partido Izquierda Unida (IU), a las puertas del Palacio de La Moncloa.