Internacionales: Ecuador y Bolivia reclamaron cambios en la OEA y se pronunciaron sobre Malvinas

Rafael Correa y Evo Morales advirtieron que el organismo enfrenta la disyuntiva de "transformarse o desaparecer". También reivindicaron la soberanía argentina sobre Malvinas. La segunda jornada de debate de la Asamblea General de la OEA en la ciudad boliviana de Tiquipaya, en las inmediaciones de Cochabamba, estuvo atravesada por los duros cuestionamientos hacia el organismo de parte de los presidentes de Bolivia y Ecuador, Evo Morales y Rafael Correa, quienes llamaron a la refundación del bloque como única alternativa para evitar la desaparición. Morales y Correa, respaldados principalmente por Venezuela, cumplieron de esa manera los pronósticos que vaticinaban que la 42da. asamblea estaría marcada por las críticas de algunos países más que por el tema central de debate, el de la soberanía alimentaria. "Estamos transformando nuestras democracias de plastilina en democracias reales; todas las instancias de nuestra América van a estar en función de este cambio de época: revolucionarse o desaparecer", sentenció Correa, especialmente invitado a la cumbre. Al adelanto que hizo el domingo por la noche Morales, cuando habló antes de la cena de apertura, acerca de la "hora de una refundación" de la OEA, porque el hemisferio vive "tiempos muy diferentes", le siguió este lunes su canciller, David Choquehuanca, que advirtió que si el sistema de derechos humanos no se aplica a todos los estados "posiblemente estemos asistiendo al final de una organización que no quiso salvarse a sí misma". Choquehuanca habló directamente sobre el sistema hemisférico de protección de los derechos humanos, uno de los puntos más controvertidos a la luz de las críticas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de parte centralmente de Ecuador y Venezuela. En el hotel Regina, donde sesiona la Asamblea, Correa planteó la necesidad de una revolución en el interior de la OEA, subrayó que "no hay que negociar nada con la burocracia internacional" y rechazó la imposición de las potencias en cuestiones de derechos humanos en la región. "Existen cosas intolerables y aberrantes; la sede (de la CIDH) está en Washington y Estados Unidos no es signatario ni se adhirió a la convención de San José", señaló Correa. A su turno, Choquehuanca llamó a superar los intereses individuales como personas y pueblos, y a "desarrollar sentimientos de coexistencia entre los países y no de sometimiento", y se pronunció en favor de "la igualdad plena, la inclusión de los actores sociales y el paso de una democracia representativa a una participativa". A este cuadro se suma que Venezuela, como cabeza del ALBA, adelantó que los países del bloque denunciarán el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), la "degradación que sufrió la OEA al caer en manos de los intereses de Estados Unidos" y el sistema interamericano de derechos humanos. Las críticas pasaron a segundo plano otros dos tópicos: la adopción por parte de la Asamblea -que reúne a los cancilleres de 34 países- de la Carta Social de la OEA y el reclamo de Bolivia a Chile por su salida al mar perdida en la llamada Guerra del Pacífico, en 1879-83. En el salón Salar de Uyuni, donde Morales escoltó a Correa en su discurso, se había armado un barco hecho de totora sobre una base de sal, en lo que fue leído como una clara alusión a la demanda marítima de Bolivia. "Si la OEA tuviera como prioridad la defensa de los pueblos, las islas Malvinas serían argentinas y Bolivia tendría mar", había dicho el domingo por la noche Morales, al hablar poro después que el secretario general de la organización, justamente un chileno, José Miguel Insulza. En cuanto a la Carta Social, aprobada por consenso y tras seis años de debate, se trata de un acuerdo que promueve el desarrollo con equidad y los derechos colectivos, económicos, sociales y culturales para la consolidación de la democracia. Complementario de la Carta Democrática Interamericana, aprobada en Lima hace 10 años y que establece la inmediata expulsión de un país que no se ajuste a este sistema, la Carta Social señala que "los pueblos de América tienen una legítima aspiración a la justicia social y sus Gobiernos la responsabilidad de promoverla".