La Provincia: Los funcionarios que defraudan a Corpacci II

A pesar de ser uno de los ejes de campaña del FPV camino a las elecciones provinciales del 13 de marzo del año pasado, la situación de los servicios públicos en Catamarca no solo no mejoró sustancialmente en los últimos meses, sino que se puso al frente de esta tarea a una persona involucrada con las gestiones públicas y privadas que llevaron a los servicios, sobre todo en lo que respecta a la energía eléctrica, a la situación deficitaria conocida por todos los catamarqueños, producto de la falta de planificación.

De acuerdo con un especialista en servicios públicos consultado por LA UNION, el problema “eterno” de la distribución de electricidad en Catamarca es la falta de inversión en infraestructura en toda la provincia, responsabilidad que cuando se privatizó la empresa de energía, a mediados de los años ‘90, debía hacer cumplir el ENRE, cuyo primer presidente del directorio era casualmente el actual ministro de Servicios Públicos, Julio Molina. Pero esta falta de inversión se agravó al duplicarse en los años siguientes, especialmente durante la gestión del ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral, la demanda energética, sobre todo cuando el crecimiento de la ciudad capital, con los nuevos barrios, no fue acompañado de la planificación e inversión necesaria para dotar a las nuevas viviendas de los servicios esenciales. No obstante, la gestión que encabeza Molina en el ministerio de Servicios Públicos estaría incurriendo en los mismos errores que el FCyS y la empresa Edecat: falta de articulación y planificación.

En este sentido, el especialista consultado por LA UNION señaló que en lo que a inversiones de alta tensión se refiere, la provincia todavía no licitó la segunda etapa de la línea de 132 Kv San Martín-Catamarca, mientras que en lo que a baja y media tensión respecta, las obras realizadas “resultan claramente insuficientes y no responden a una planificación ordenada que permita solucionar en el mediano y largo plazo la falta de inversión”. En tanto, advirtió que ahora la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) reclama una deuda de 29.055.456 pesos a Catamarca por el costo operativo de los generadores móviles, instalados en la provincia entre diciembre de 2011 y abril de 2012, deuda contraída para paliar la situación de déficit energético que sufren los catamarqueños, pero que no aporta a alcanzar soluciones de fondo. Repitiendo la historia

Por último, el especialista en servicios públicos explicó que si el FPV planea continuar con la construcción y entrega de casas que caracterizó a la gestión del ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral, podría volver a tropezarse con la misma piedra, ya que “no se observa la coordinación necesaria entre las diferentes áreas de Gobierno, con la participación activa del ministerio de Servicios Públicos, que lleve a no repetir el error de la falta de planificación”.

¿Partícipe necesario?

A pesar de culpar reiteradamente al FCyS de la situación en que el gobierno del FPV recibió los servicios públicos, el titular de dicha cartera, Julio Molina, no puede esconder ni borrar su pasado. En este sentido, el especialista recordó que cuando en 1996 se privatizó la Deca (la entonces empresa estatal de energía), el ahora ministro integró el Comité Privatizador, y luego fue designado como primer presidente del directorio del Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones (ENRE), organismo encargado de controlar y hacer cumplir a la empresa Edecat el contrato firmado con el Estado catamarqueño. Posteriormente, en 2002, de la mano del ex gobernador Oscar Castillo y “con la anuencia de los dueños de la empresa Edecat”, pasó a formar parte del directorio de Ente Nacional Regulador de Energía, hasta 2007.