Internacionales: La justicia española obstaculiza la excarcelación de un etarra enfermo

Un informe médico pericial aseguró que Josu Uribetxeberria puede ser tratado en prisión. El gobierno había autorizado su excarcelación por razones humanitarias. Un informe médico pericial entregado hoy a la justicia española aseguró que el etarra enfermo de cáncer Josu Uribetxeberria puede ser tratado en prisión, pese a que el gobierno autorizó su excarcelación por razones humanitarias, lo que supone un duro revés para sus posibilidades de salir en libertad.

El estudio, realizado por la Clínica Forense de la Audiencia Nacional, tribunal que deberá decidir si aprueba la libertad condicional del etarra, indica además que su cáncer de riñón con metástasis en la cabeza tiene mal pronóstico pero aún no es terminal, según fuentes judiciales citadas por la prensa española. El criterio de los peritos judiciales choca con el de los médicos del Hospital de Donostia de la ciudad de San Sebastián, donde está internado el etarra, y de la prisión de la localidad vasca de Alava en la que cumplía condena.

La Fiscalía del tribunal deberá fijar ahora una posición antes de que el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, tome una decisión sobre Uribetxeberria, a quien el gobierno otorgó hace una semana un beneficio por motivos humanitarios que le da derecho a solicitar la libertad condicional. En medio de un proceso que no parece tener fin, el pasado miércoles, debido al deterioro de su estado de salud, Uribetxeberria abandonó la huelga de hambre que llevó adelante durante 15 días para reclamar por su libertad y la de otros 13 presos etarras con enfermedades graves.

“Esto es un juego macabro, el proceso de excarcelación se dilata de manera constante y el tiempo de Josu se acorta. Las posibilidades de afrontar su enfermedad dignamente se reducen”, dijo a Télam Beñat Zarrabeitia, portavoz de Herrira, movimiento social de apoyo a los presos de ETA.

“Nos parece que nos están tomando el pelo. Si bien ante la opinión pública el gobierno asegura que se ajustará a la ley, en la práctica no actúa en consecuencia y consuma la venganza en toda regla”, denunció el portavoz.

“Esto no tiene sentido en el nuevo tiempo abierto en el País Vasco, que requiere soluciones y no aplicar recetas del pasado”, añadió. Uribetxeberria Bolinaga fue condenado a 32 años de cárcel por su participación en el secuestro del ex funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, quien tras 532 días -entre 1996 y 1997 - de un duro cautiverio en un "zulo" subterráneo, fue liberado por medio de un operativo policial. El caso de Ortega Lara fue el secuestro más largo llevado a cabo por la organización separatista vasca ETA y las condiciones en las que los etarras habían mantenido a la víctima, reveladas tras su puesta en libertad, conmocionaron a la opinión pública. Sin embargo, la ley en España establece la posibilidad de excarcelar a los presos con enfermedades graves, por lo que Uribextberria tiene derecho a salir de prisión aunque que se trate de un condenado por “delitos de terrorismo”. Porque es un derecho pero también por motivos estratégicos, los expertos en resolución de conflictos defienden que el Ejecutivo español debe liberar al etarra enfermo para propiciar un escenario favorable a la “pacificación” después de que ETA anunciara hace ya diez meses el cese definitivo de su actividad armada. La liberación del etarra, no obstante, es rechazada frontalmente por algunas organizaciones de víctimas del terrorismo más importantes, que acusan al gobierno de ceder ante ETA. El ministro del Interior, Jorge Fernández Días, defendió la decisión de otorgar el tercer grado a Uribexteberria afirmando que haber hecho lo contrario hubiese sido “prevaricar”, es decir, tomar una decisión injusta a sabiendas.

“Este gobierno no negocia, no habla, ni tiene contacto con terroristas. ETA tiene que tener claro que no va a conseguir nada de este gobierno y que su único destino es disolverse, desaparecer”, afirmó hoy la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. La “número dos” del presidente Mariano Rajoy añadió que el gobierno español “respeta y comprende el padecer de las víctimas” pero “actúa cumpliendo la ley”.